parte, y 201 de la Constitución) en lo que la doctrina constitucional peruana ha venido en denominar “sistema dual” o “sistema mixto”( ). Este control aparece evidente en el denominado “Control Concentrado” o “Control Ad-Hoc”, esto es, de índole abstracto -y por tanto incompatible en ese punto con el “Control Difuso” o “Judicial Review”- en donde corresponde al Tribunal Constitucional el examen abstracto (esto es, sin referencia a un caso concreto alguno en donde esté en disputa derecho subjetivo ninguno) de la ley dubitada y en donde el referente constitucional, previamente definido por la vía de la autorizada interpretación constitucional, va a ser el imperativo categórico que determinará, en análisis de subsunción, si la norma legal dubitada es o no incompatible con la Constitución. [4], Por lo general el juez modifica (a veces, sutilmente y a veces no tan sutilmente) el criterio original de reconocimiento del derecho que usó en el momento de identificar la contradicción, adoptando ad hoc uno nuevo que disuelva esa contradicción. Por tanto, y como ya he hecho constar en otros posts, atenta contra los pilares mismos de nuestro sistema jurídico que una Jurisdicción, como la Contencioso administrativa, que está para vigilar que las AAPP actúen conforme a Derecho, sea quien más ampare cualquier actuación de esas AAPP. Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); ¡Gracias por suscribirte a nuestro blog! No es del caso discutir bizantinamente sobre la imposición de la minoría sobre la mayoría, ya que la ley dubitada no ingresa neutra al proceso de inconstitucionalidad y donde ésta tenga que probar su constitucionalidad. Por todo lo anterior, y sobre la base de lo informado clara y meridianamente por el enunciado contenido en el Art. Actualmente es muy característico de corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía posmoderna o al psicoanálisis. WebI. Pero en lado pasivo, cuando la sentencia declara fundada la demanda de interés difuso, y por ejemplo ordenar cerrar la fábrica que produce el gas cloro-fluoro … En segundo lugar, es absolutamente unánime que en su modelo de origen, el sistema sólo opera en el escenario de un proceso judicial concreto y real. ; de manera tal que la legislación bajo revisión afecte de manera significativa a los derechos constitucionales en discusión, que estarán determinados por el método interpretativo a ser utilizado por ésta en su examen de aquella legislación sub-júdice y sometida al test de constitucionalidad( ), llegando por ello a la determinación de que compete al Tribunal Constitucional el otorgar o no una adecuada Tutela Constitucional Razonable. [5] [6] Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, [7] los sistemas de información pueden clasificarse en: Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): gestiona la información referente a las transacciones producidas … WebLa primera clasificación se basa en la jerarquía de una organización y se llamó el modelo de la pirámide. Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. Más claramente: el juez comienza por la convicción que le lleva a su resolución y luego construye el razonamiento “a la inversa” para que “case” con su decisión (que es la forma “tópica” de aplicar el Derecho), Esta manera de proceder muestra que el criterio común de reconocimiento de normas jurídicas (previo a la modificación ad hoc que hace el juez para evitar la inconsistencia) permite contradicciones, y ésta es la idea que subyace en toda la tópica como ya puse de manifiesto en otro post. Sin embargo, lo anterior no opera igual en la competencia del Tribunal Constitucional para conocer de la Jurisdicción Negativa de la Libertad (Art. Ahora bien, en el artículo 9.1 de la misma establece que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico«. Si trabajan todo el día, entonces no se ocupan de sus hijos. La facultad del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, bajo el modelo “europeo” o kelseniano, nacido bajo la inspiración de Hans Kelsen a partir de 1920 con la Constitución de Austria y perfeccionado con la Constitución de 1929( ), implica que el control se habrá de dirigir básicamente hacia el Parlamento. En el primer tal caso, sí hay un caso concreto, sí hay partes adversarias y sí hay derechos subjetivos en controversia (no se debe olvidar que las acciones de garantía sólo son procedentes frente a la violación de derechos constitucionales de orden subjetivo, y con legitimación activa real, vigente y existente). Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos de interés. Evidentemente, las “zonas difusas” del Derecho no se agotan con este ejemplo (lamentablemente) y existen otras muchas similares, aunque sean menos … It does not store any personal data. Son entonces conceptos antitéticos, hasta opuestos. Cuando el principio del stare decisis es extraño a los jueces en los sistemas jurídicos romanistas o de derecho civil, (…) un método de control de la constitucionalidad que permita a cada juez decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, puede conducir a que una (misma) ley pueda ser inaplicada por algunos jueces por inconstitucional y ser considerada aplicable por otros jueces en sus decisiones.”. Los campos obligatorios están marcados con, La Ley de Crédito Inmobiliario, en la práctica, https://www.linkedin.com/pulse/los-renglones-torcidos-del-derecho-necesidad-de-una-villar-ezcurra, http://lorealenelespejo.blogspot.com/2007/06/explicacin-paradojas-pragmticas.html?m=1, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PiJktmODkPAJ:www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/contradicciones-normativas-y-jerarqua-de-normas-0/+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es, https://www.linkedin.com/pulse/razonamiento-jur%C3%ADdico-y-sentido-com%C3%BAn-una-ojeada-la-villar-ezcurra/, La Ley Orgánica 14/2022, de reforma del Código Penal, y su afectación a la malversación, 18 Enero- Presentación informe sobre la situación del Estado de Derecho. 303), para formar la legitimidad necesaria de dos tercios como mínimo para lograr la convicción jurídico-constitucional vinculante del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales. En efecto, es del caso mencionar que la interpretación constitucional supone un ejercicio intelectual harto diferente de la interpretación jurídica ordinaria (hermeneútica), debido fundamentalmente a la diferente naturaleza normativa de las normas constitucionales de las normas jurídicas ordinarias. Algunos lenguajes de programación lógica que han incorporado la lógica difusa serían por ejemplo las diversas implementaciones de Fuzzy PROLOG o el lenguaje Fril. Webmiembros de la sociedad, son derechos difusos en cuanto su violación nos afecta a todos pero no es posible determinar específicamente a quienes. En efecto, el sistema jurídico debe ser ordenado conforme a la Constitución. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. Para completar tu suscripción pincha en el enlace del correo que habrás recibido. 201 in-fine de la Constitución Política del Estado), la obligación al consenso necesario en el Partido de la Mayoría que no reúne, per se, 80 de los 120 votos disponibles en el Congreso Nacional, las evidentes dificultades para lograr ello( ) que motivaron, inclusive, la dejación del sistema electoral inicialmente planteado y la promulgación de una ley específica para solucionar esta temática. Es una forma de modificar el Derecho para ese caso particular, de modo que el resultado resulte consistente, ampliando el supuesto de hecho de una de ellas para que pueda prevalecer sobre la otra; y todo esto, una vez que ha llegado al convencimiento acerca de cuál de los dos derechos ha de prevalecer (a la vista del caso concreto). DERECHOS E INTERESES DIFUSOS El derecho difuso se entiende como el interés de cada uno y de todos los individuos de un grupo o comunidad determinada, es una suerte de interés diluido entre todos y cada uno de los miembros de una comunidad o sociedad afectada. Esto significa que en la facultad excepcional de la jurisdicción negativa de la libertad el Tribunal Constitucional realiza una tarea judicial antes que una función de controlador de la actividad judicial, la de control directo de la constitucionalidad de las leyes. Para el cabal cumplimiento de todas y cada una de estas atribuciones taxativamente dispuestas por la Carta Constitucional, el Tribunal Constitucional debe definir, de modo previo y claro, el alcance de sus facultades y poderes, explícitos e implícitos, dentro del enunciado o marco general de ser el “órgano de control de la Constitución”. Lo que sucede aquí es que ha de entenderse el artículo 103 de nuestra Constitución, no de forma literal (esto es, como una mera afirmación) sino de forma finalista, porque lo que realmente quiere expresar no es que nuestra Administración Pública siempre actúe así, sino que debe actuar de esta forma. Así funciona en el Poder Judicial, en la Corte Suprema concretamente, en las sociedades privadas para determinados actos (los aumentos de capital o las fusiones, p.e. Dicho de otro modo, si bien la determinación legislativa es libre para desarrollar la Constitución, bajo sus parámetros, y sujetar a los demás órganos constitucionales a la Constitución reinterpretada por la Ley del Congreso, ¿El carácter de arbitrio discrecional del legislador puede ser objeto del control con que el constituyente ha dotado en poder al Tribunal Constitucional? The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". Por citar un ejemplo, en el caso Gamero Valdivia, Expediente N° 1109-2002-AA/TC, sentencia del seis de agosto de dos mil, se dejó establecido que: "6. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". 1419/94 y 1421/94- se establecía para el Art. Sobre la base de las precedentes consideraciones (…) la aplicación de las reglas constitucionales relativas a la legislación, tan sólo puede hallarse efectivamente garantizada si un órgano distinto del legislativo tiene a su cargo la tarea de comprobar si una ley es constitucional, y de anularla cuando -de acuerdo con la opinión de ese órgano- sea ´inconstitucional´. Asimismo, señala que les alcanza las mismas incompatibilidades, y que el mandato de Magistrado no es susceptible de reelección para un periodo igual e inmediato. (…) existe una incompatibilidad fundamental entre el control difuso de la constitucionalidad de las normas y los sistemas de tradición romanista. En efecto, Manuel GARCIA PELAYO( ) sostiene al efecto que: “Una primera característica de los órganos constitucionales consiste en que son establecidos y configurados directamente por la Constitución, con lo que quiere decirse que ésta no se limita a su simple mención, ni a su mera enunciación de sus funciones o de alguna competencia aislada, como puede ser el caso de los órganos o institucionales “constitucionalmente relevantes”, sino que determina su composición, órganos y métodos de designación de sus miembros, su status institucional y su sistema de competencias, o, lo que es lo mismo, reciben ipso jure de la Constitución todos los atributos fundamentales de su condición y posición de los órganos. Sucede al revés: la ley ingresa constitucional y con presunción Iuris Tantum de validez y legitimidad, y estas presunciones jurídico-constitucionales deben ser destruidas en el proceso de inconstitucionalidad, a petición de parte o ex-officio por el Tribunal Constitucional, para ser condenada a la extinción por derogación directa conforme la facultad de que está investido (Art. WebEntonces los derechos difusos se entienden como derechos dirigidos a proteger intereses supraindividuales, cuya titularidad es indivisible y compete en una comunidad compuesta … En la lógica difusa, se usan modelos matemáticos para representar nociones subjetivas, como caliente/tibio/frío, para valores concretos que puedan ser manipuladas por los ordenadores. La determinación en instancia única de que una Ley, o norma con rango de tal, o normas regionales de alcance general u ordenanzas municipales, debe ser derogada erga omnes por contravenir la Constitución en la forma o en el fondo (esto es, por ser incompatible con el alcance de la interpretación que el Tribunal Constitucional haya hecho de un principio o postulado de la Constitución (Art. Ingrese su correo electrónico para notificarlo de las actualizaciones de este blog: CONTROL ‘DIFUSO’ Y CONTROL ‘CONCENTRADO’ EN EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO. Esto significa que la Constitución Peruana de 1993, al consagrar su existencia dentro del Título V “De las Garantías Constitucionales” ha optado de manera clara y meridiana por el denominado control ad-hoc de la constitucionalidad, también conocido como el “Modelo Europeo” o de “Justicia Constitucional Concentrada”( ), con todo lo que ello implica en su génesis, historia, desarrollo, evolución y alcances. En los últimos tiempos, a raíz de una polémica decisión del Tribunal Constitucional, se ha puesto en difusión y discusión las características y alcances de lo que la doctrina del Derecho Procesal Constitucional denomina “control difuso” o “Judicial Review” o Sistema Americano o Revisión Judicial de la Constitucionalidad de las leyes, así como de lo que se ha venido en denominar el “Sistema Concentrado“ o “Sistema Europeo” de justicia constitucional. https://www.hayderecho.com/wp-content/uploads/2021/07/bton.jpg, https://www.hayderecho.com/wp-content/uploads/2021/05/logoblanco-300x87.png, Las Paradojas Jurídicas y las Zonas Difusas del Derecho. Si lo anterior es así, cabe entonces que el Tribunal Constitucional ingrese al análisis de razonabilidad del legislador -cuyos actos está llamado a controlar- en el establecimiento del sistema de quórum y votación sobrecalificada que ha señalado para formar la legitimidad en la decisión de sacrificar una ley, disponiendo su directa derogación, por vicio de inconstitucionalidad. El artículo 2 del CPC, dice lo siguiente: “Por el derecho de acción todo sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a … Si lo anterior es así, resulta evidente que la primera de las tareas del Tribunal Constitucional es definir y delimitar sus propias facultades y alcances, de modo tal que para sí mismo tenga claro el largo del alcance de su poder de control, y frente a los poderes del Estado y la Nación entera tenga definido el límite de sus poderes de control. Entonces, no hay actividades constitucionales más opuestas que la judicial review y el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, por lo que es necesario determinar siempre con claridad y acierto sus fronteras. Bajo los parámetros antes expresados, ¿Cabe admitir la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda hacer un juzgamiento de constitucionalidad en la segunda parte del Art. El control de constitucionalidad tiene como fundamento el principio de supremacía constitucional, esto … Esto es, corresponde al Tribunal Constitucional, dentro de esta misma premisa de ser el intérprete constitucional para el ejercicio del control constitucional erga omnes, interpretar adecuadamente el alcance de sus propias facultades y atribuciones, a fin de que con ello pueda determinar el alcance de las trascendentes facultades que por la Constitución del Perú le han sido conferidas. cuatro sobre tres como la que se exige en la actuación del Tribunal Constitucional en la “Jurisdicción Negativa de la Libertad” (Art. WebInterés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. You also have the option to opt-out of these cookies. Como decía el gran humorista Perich, “gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada… al gobernante tampoco”. Entiendo que sí y a ello dedicaré las siguientes líneas. WebLógica difusa y razonamiento aproximado. Lo dicho anteriormente rige tanto para la Mayoría como para la Minoría en el Congreso Nacional, desde que no siempre las leyes de la República cuentan exclusivamente con la aprobación de la Mayoría, ni de toda ella, sino que también surtirá efecto y control sobre la Minoría -o parte de élla- que apruebe en conjunto con la Mayoría y a la que se le aplica también este criterio. 001-96-I/TC y se dejó constancia de ello; ya que el ejemplo de la determinación de las inconstitucionalidad allí declaradas por unanimidad fueron la excepción -y así deben de leerse sanamente- y el género fue la imposibilidad de la determinación de la inconstitucionalidad por ausencia de los votos legítimos requeridos. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Intereses Difusos - Elementos de Legitimación Activa en Casos de Intereses Difusos Descripción y definición de Legitimación Activa en Casos de Intereses Difusos aparecidas en el diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Humberto Nogueira Alcalá y publicado por el Poder [...] Recursos de … El esquema de cinco sobre dos es, en un total de siete, aritméticamente superior en poco a la exigencia de dos tercios. This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. El Due Process of Law surge como una institución anglosajona (consagrado en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los EEUU) que trata de los principios y derechos del órgano tutelador a fin de que su decisión sea legítima y aceptada por la razón y el derecho( ). Es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el derecho de propiedad, eliminando el “ius abutendi” y sustituyéndolo por la denominada función social de la propiedad. Es, por tanto, una situación perder-perder, hagas lo que hagas, debido a lo cual este tipo de creencia social, se convierte en un virus mental. [2], Otro ejemplo de paradojas, en el que ahora no me voy a detener mucho, es el denominado doble lazo. Así aparece de modo uniforme entre nosotros en los Arts. La Corte Suprema Federal estadounidense nunca buscará un cotejo frontal entre la Constitución y la Ley. Algo que, lamentablemente, está sucediendo un día sí y otro también, ¿Qué soluciones da el Derecho a tales situaciones? We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. amenaza tu supervivencia (tu seguridad, tu integridad, etc.) Prel. Por ejemplo, puedes ver un ejemplo de este estilo en la descripción de los conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual. Evidentemente, no puede resolverse el conflicto mediante la aplicación de la “lex posterior”, el criterio de jerarquía o cualquier otro similar, dejando al ciudadano perplejo ante semejante dilema, con lo cual tenemos a un conductor indeciso que es un peligro mucho mayor que si estuviese claro cuál es la conducta que debe adoptar. Saludos a todos y a pensar, que es lo que menos se lleva en estos tiempos de precipitación en los juicios y opiniones …, [1] Me remito a mi post anterior: “Los renglones torcidos del Derecho: necesidad de una sociedad abierta”. [7] El artículo 19 de la DUDH establece que «todos tendrán derecho a opinar sin interferencia» y «todos tendrán derecho a la libertad de expresión, este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, independientemente de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección «. Un «doble lazo» es una clase especial de paradoja que crea una situación de «nadie gana», es decir, una situación en la que «maldito si lo haces, maldito si no lo haces». ( ). La derogación de la ley por el Tribunal Constitucional, si bien jurídicamente equivalente al acto derogatorio que puede disponer el Congreso, es un suceso bastante más grave, que extirpa por vía “quirúrgica” del Sistema Jurídico (al decir de Héctor FIX-ZAMUDIO) la ley dubitada, de innegables y previsibles consecuencias políticas que no deben arredrar, pero si hacer meditar con conciencia objetiva y prudente discernimiento, una tarea “quirúrgica” que tiende a corregir los excesos patológicos que se pudieran haber desarrollado en los diversos órganos del Estado en contra de la Constitución, y que habrá de crear necesariamente un vacío constitucional que generará inevitable inseguridad jurídica, ya que el legislador no tiene la agilidad suficiente para cubrir de inmediato el “hueco” que deja la norma derogada y que puede dar lugar a no pocas confusiones en la ciudadanía y en los poderes públicos. Desde luego que no, porque de otro modo, carecería de sentido la Jurisdicción contencioso administrativa que está, precisamente (y aunque muchos de sus jueces no lo entiendan así) para velar para que la Administración se comporte conforme a Derecho. WebTiraje: 500 ejemplares Portada: Fotografía de Playa Cavero afectada por el derrame de petróleo de Abril 2022. Lo que entendamos por tales en cada momento depende del “patrón de referencia”, como sucede en la denominada lógica difusa o borrosa (“fuzzy logic”) y que, en el Derecho se conoce como “conceptos jurídicos indeterminados”.[8]. La respuesta es rotundamente afirmativa, pues nada hay en la Constitución que impida al Tribunal Constitucional juzgar la ley del Congreso que le organiza y desarrolla a la luz de la Constitución, desde el punto de vista del Congreso claro está, si es que eso le es demandado conforme al procedimiento pre-establecido, como es precisamente lo que se hizo en el caso de la Acción de Inconstitucionalidad contra el número de votos necesarios para lograr la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad de las leyes. Al revisarse, estudiarse y meditarse sobre ello, y revisar las intervenciones de los Señores Congresistas, aparece con evidencia que la limitación que se impuso en el Art. [1], Dicho lo anterior (que no es “moco de pavo”), desciendo, en tono menor, por el momento, a las paradojas en nuestro Derecho, porque cuando nos encontramos ante alguna de ellas -y hay bastantes- parece como si el Derecho se encontrase ausente. WebLa Jurisdicción Contencioso-Administrativa de España es el orden jurisdiccional, integrado en el Poder Judicial, al que la Constitución encomienda el control jurisdiccional de la potestad de dictar actos por parte de la Administración Pública, y de la potestad reglamentaria del Gobierno. 204 ab-initio de la Constitución) creándose en cada caso de inconstitucionalidad así determinada una “norma sub-constitucional”( ), de la que es titular el Tribunal Constitucional como “constituyente delegado”. Me refiero en este último caso a todas las normas -empezando por nuestra propia Constitución- en las que se hace constar algo de forma apodíctica, como es el caso ya comentado en otro post, del artículo 103 de la misma (“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa …con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”). Un comentario sobre el particular, podrá encontrarse en: GIDI, Antonio. El “control difuso de la constitucionalidad de las leyes” nace, como lo reconoce de modo unánime la pacífica doctrina, en la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, en 1803, con la célebre sentencia expedida en el caso Marbury vs. Madison, en una acción de Writ of Mandemus, bajo la presidencia del Chief Justice John C. Marshall, en la cual se sentó el precedente vinculante (stare decisis) de que una ley contraria a la Constitución debía ser considerada proveniente de “legislatura repugnante” y, por lo tanto, como teoría fundamental, nula e ineficaz ya que esto se deduce de la naturaleza de la Constitución escrita y, que por ello mismo, la Suprema Corte Federal la habrá de considerar como uno de los principios de la sociedad democrática de derecho( ). En consecuencia, en este punto, cabe hacer la siguiente reflexión: “resulta siendo lo mismo que -pese al postulado constitucional en contrario- nunca se forme el Tribunal Constitucional en el Perú, en claro incumplimiento de un postulado expreso que ordena a todos hacer efectivo dicho imperativo; que existiendo éste la ley le impida irrazonablemente su adecuado funcionamiento bajo el argumento legalista del número irrazonable de votos exigidos para la legitimidad de su decisión, dado que esa irrazonabilidad se sustenta en la razón de que, precisamente, nunca llegue a funcionar de modo adecuado”. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. Y ello surge así desde la no receptividad del sistema americano en la Europa de finales del Siglo pasado e inicios de la presente Centuria (la doctrina francesa la llegó a denominar la “dictadura de los jueces” aludiendo a su no legitimación directa), y que se hacen sobre la base de metodologías opuestas. 204 de la Constitución); b. Por otro lado, las competencias constitucionales no se pueden analogizar, ni extender, pues deben ser taxativas y son excepcionales -ver el principio general del derecho contenido en el Art. Pero al lado de este concepto, íntimamente ligado con el buen razonar de un Pater Familias, ha surgido el concepto del Sustantive Due Process en la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, donde el razonamiento judicial echa mano a la razón, o principio de razonabilidad, a fin de determinar la existencia de una inconstitucionalidad o no, usando como criterio, por ejemplo, el Contrapeso de los Valores (Value-Oriented School of Jurisprudence), el Balance de los Intereses (Balancing of interest), los Derechos Fundamentales de Preferencia (Preferred Freedoms). Con ello, el legislador del Proyecto de LOTC repetía, en gran parte, el esquema que la Ley 23385 (LOTGC) había planteado, en consonancia con el mandato de la Constitución de 1979(D) (Art. En cambio si la segunda premisa es la cierta, la norma es derogada de modo directo por el poder constituido en el Tribunal Constitucional como -al decir de Kelsen( ) Legislador Negativo, esto es, con poder derogatorio directo (Art. Webnormas constitucionales. Websuperiores de cada país parte, por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México; la Corte Constitucional de Colombia, Suprema Corte de Justicia de la Nación ... García Morelos, Gumesindo, El control judicial difuso de convencionalidad de los derechos humanos por los tribunales ordinarios en México, Editorial Ubijus, 2010.
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